Foto del diario El Público
Han pasado 43 años desde la muerte del dictador Francisco Franco y este mes de septiembre se ha aprobado el decreto para la exhumación de sus restos del monumento que ideó para conmemorar su victoria en la Guerra Civil Española. Allí está enterrado junto a las demás personas de su mismo bando que cayeron en la guerra.
El decreto no ha tenido el apoyo, como es evidente, de Ciudadanos y el Partido Popular, así como tampoco a la familia del dictador le ha hecho gracia este acontecimiento, quienes quieren que, en el caso de que la exhumación se lleve a cabo, sea trasladado a La Almudena (santuario donde tienen lugar los funerales de Estado, como el de Adolfo Suárez o el de las víctimas del 11M).
La voluntad de la familia está amparada por la ley, ya que Franco tendría derecho a ser enterrrado allí. Sin embargo, esto haría de la catedral un santuario de peregrinación para los franquistas, hecho que el Gobierno de Sánchez quiere evitar. Y no solo el Gobierno, sino que también la iglesia se opone a que el dictador acabe enterrado en la catedral.
Personalmente opino que sacar los restos del dictador de su tumba tras tantos desde su muerte a través de un decreto ley, que se supone que ha de ser un proceso iniciado por un motivo urgente, no es tan importante si tenemos en cuenta que la situación de este país no la ideal. Con esto quiero decir que hay aspectos más importantes a los que centrar la atención. Puede que el presidente se haya precipitado al iniciar este proceso.
La última noticia que recogen los medios de comunicación es que un hombre ha profanado la tumba de Franco pintando sobre ella la frase "por la libertad", acompañada de un dibujo de una paloma de la paz.
